Posición del CELS sobre las acusaciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio R. Zaffaroni
El Centro de Estudios de Estudios Legales y Sociales (CELS) hace pública su solidaridad con el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, ante los ataques dirigidos sobre la base de acusaciones escandalosas e imprecisas, y con un alto contenido de hipocresía. De este modo se pretende demonizar al juez e instalar sobre él una condena sin sustento, cuando ni siquiera se sabe si existe algún delito y, de ser así, quién lo habría cometido. Esta criminología mediática, tal como él mismo la ha llamado, comienza por la condena y no se sostiene en la comprobación de un delito sino en la denuncia pública indeterminada. El juez Zaffaroni no es acusado por lo que hizo sino por lo que representa.Su trayectoria como académico, activista e integrante del poder judicial es conocida por todos. Largas horas duró la audiencia ante el Senado de la Nación en la que dio cuenta de sus atributos para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Quienes luchamos por la recuperación democrática y la vigencia de los derechos humanos nos sentimos reconfortados con su designación.Por eso nos alarma que hoy se lo fustigue con tanta ligereza. Si no es posible para algunos medios de comunicación dar cuenta de la trayectoria de Zaffaroni y contextualizar la información que brindan para enriquecer el debate democrático, al menos debería existir ese límite entre las fuerzas políticas. En especial cuando algunas de esas fuerzas se suman a la condena mediática en el contexto de la campaña electoral y llegan al extremo de pedir la renuncia del magistrado, “aunque no haya cometido un delito”.

¿Es esta la discusión sobre la justicia que se propone? La incorporación de Zaffaroni a la Corte Suprema se dio en el marco del proceso de recomposición del máximo tribunal, luego de un periodo en el que la Corte de la mayoría automática habilitó el desguace del Estado y la absoluta desprotección judicial. La calidad institucional de esta Corte ha sido reconocida y ha quedado demostrada en sus fallos. Los ataques a Zaffaroni pretenden poner en riesgo esos avances.

El debate sobre la independencia judicial en Argentina es tan superficial que los mismos que motorizan las acusaciones contra Zaffaroni luego se escandalizan y denuncian presiones a los jueces cuando se los critica por tomar decisiones que benefician a los poderes fácticos y van en contra del interés público. ¿Acaso este tipo de ataques no representan una presión indebida y una afectación directa a la independencia judicial? ¿Por qué, en este caso, los valores republicanos no son defendidos con ahínco por aquellos sectores que enarbolan ese tema como bandera?

Es lamentable que tenga lugar este debate cuando se debería pedir a los jueces que rindan cuentas por las decisiones que toman y que generan consecuencias gravísimas como el hacinamiento y la tortura de miles de presos o la represión de los conflictos sociales. Nuestro país enfrenta enormes asignaturas pendientes en materia de política judicial que no pueden quedar reducidas a especulaciones de campaña. En todo caso, la agenda electoral debería dar lugar a la saludable y legítima discusión sobre el rol del poder judicial en el acceso a derechos para los grupos más vulnerables.