Tras una década, las organizaciones y movimientos sociales que integramos el Programa MERCOSUR Social y Solidario volvemos a encontrarnos en la ciudad de Rosario – Argentina, para renovar nuestro compromiso con las “Apuestas Políticas Emancipatorias de Nuestros Pueblos”, en el contexto del proceso de integración regional.

El MERCOSUR surgido del Tratado de Asunción (1991) nació con una mirada económica y comercial, que se ha venido modificando en la última década.  Las crisis provocadas por las políticas neoliberales surgidas del consenso de Washington  con sus terribles consecuencias políticas, económicas y sociales para los países de la región,  y las luchas sociales de resistencia a las mismas;  abrieron paso a nuevos procesos democráticos.

Estos, le permitieron el acceso al gobierno a fuerzas políticas que más allá de sus propias contradicciones, y mediante la aplicación de políticas contrapuestas a los principios neoliberales,  lideraron una recuperación económica  sin precedentes en la región. Estos cambios se  tradujeron en mejoras sustantivas para amplios sectores sociales; la aplicación de políticas distributivas produjo un fuerte impacto en la ampliación de derechos para los diversos sectores sociales de nuestros países. Sin embargo aún son insuficientes  para subsanar las desigualdades de carácter estructural que se dan en América Latina.

La consolidación de estos gobiernos estableció niveles de diálogo e interlocución directa del Estado con las organizaciones y movimientos sociales con los que trabajamos. Proceso que  además se ha  dado en un marco de continuidad democrática, que es inédito en el Cono Sur.

En estos años, el MERCOSUR ha tenido que hacer frente a numerosos desafíos que le ha presentado la coyuntura  mundial y regional.

Algunos de estos, han sido los derivados de las crisis provocadas por las políticas neoliberales  de los años 90, las dificultades planteadas por las asimetrías existentes entre los países de la región y  las surgidas a partir de la crisis política paraguaya.   Finalmente la inclusión plena  de Venezuela y el proceso en curso de la incorporación de Bolivia, posibilitan  una rica dinámica política del proceso de integración regional en la que iremos sumando desafíos.

Como parte de esta dinámica el MERCOSUR ha logrado crear una institucionalidad que avanzó – aunque con limitaciones – en la incorporación de la dimensión social como constitutiva del proceso de integración en curso.

Tras algo más de una década  de crecimiento y recuperación de derechos, la región      debe enfrentar hoy, una intensificación de la crisis capitalista mundial  que – si bien se manifiesta principalmente en los países centrales –  repercute de manera inevitable en la periferia del capitalismo,  interpelando  a los países de la región sobre los alcances y  límites  de las experiencias desarrolladas  en este último período.

La magnitud de esta crisis que pone de manifiesto el agotamiento relativo del modelo  de acumulación  neoliberal a escala mundial, cuyas consecuencias  mas evidentes son  la  crisis ambiental, alimentaria y energética que amenaza la propia supervivencia de la especie humana,  nos coloca frente a la necesidad de reflexionar respecto a la potencialidad  de las nuevas experiencias de organización social y de reconfiguración estatal y a su capacidad para revertir la desigualdad  y la injusticia social renovando los sentidos y contenidos de los proyectos democráticos y emancipatorios de América Latina.

En este marco las organizaciones y movimientos sociales reafirmamos la importancia y significación que tienen para la construcción de un proceso de integración democrático e inclusivo la incorporación en la agenda política regional, de los siguientes temas:

  1. Desmantelamiento de los dispositivos culturales que sustentan el patriarcado y construcción de nuevos sentidos emancipatorios.

El Patriarcado y la Globalización capitalista  se han  instalado como un patrón civilizatorio asentado en el disciplinamiento de las relaciones sociales y de los cuerpos. El impacto de este disciplinamiento particularmente en el cuerpo de las mujeres,  se expresa en la conformación de una mujer tutelada, sobre la cual otros deciden, principalmente el varón, lo que restringe su autonomía.

Todas esas expresiones se traducen en Violencias Extremas como  son el feminicidio, la explotación sexual, prostitución y trata de mujeres.

En este contexto, las luchas de numerosas organizaciones de mujeres y movimientos sociales  apuestan a  romper con esas estructuras, deconstruir esta arquitectura patriarcal y construir otros paradigmas y prácticas emancipatorias.

Para nosotras y nosotros, toda práctica emancipatoria  significa: poder construir relaciones societales más justas y equitativas con perspectivas de género,  inclusivas, sin distinción de clases sociales, ni de edad, ni de identidades sexuales, ni de orígenes étnicos. Por estas razones, creemos que los temas prioritarios en la agenda regional son:

  • Aportar a la construcción de Instituciones estatales No Patriarcales (justicia, salud, educación, promoción social, seguridad), a través de la sensibilización y capacitación a trabajadores/as del estado.
  • Promover programas de educación no sexista con perspectiva de género.
  • Continuar con el aporte en la construcción de legislaciones y/ o políticas públicas que tiendan a la eliminación de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado. No dar un paso atrás en los logros obtenidos, exigiendo la asignación presupuestaria correspondiente para su implementación.
  • Apostar a un análisis crítico en relación a las prácticas políticas en nuestras organizaciones, con el objetivo de construir Organizaciones Sociales  más democráticas e igualitarias.
  • Visualizar la feminización de los procesos migratorios, apostando a nuevas legalidades, que protejan a las mujeres en búsqueda de mejores condiciones de vida, evitando el ingreso en los circuitos de explotación.

 

  1. Las Juventudes como sujetos de derechos y de cambios hacia sociedades más igualitarias.

La organizaciones del Programa MERCOSUR Social y Solidario, reconocemos en las juventudes un sujeto central para los procesos de integración y para el avance de apuestas emancipatorias en la región.

En la última década hemos visto consolidarse el protagonismo de las juventudes en distintos planos de la vida social, política, cultural y económica del Cono Sur. En muchos casos asumiendo y replanteando luchas de largo plazo por la democracia y la liberación. En otros, poniendo la voz  y el cuerpo en nuevas disputas por los derechos de las mayorías. Valoramos esta irrupción – que incomoda a muchos – y coloca desafíos paradigmáticos en la comprensión de las juventudes. Una participación creciente que provee nuevas aperturas para los modos y contenidos de la acción colectiva.

Al mismo tiempo, rechazamos la estigmatización y la violencia –en distintas formas- contra la vida de los jóvenes de nuestros países. Especialmente hacia los más pobres. Repudiamos las dinámicas, estructuras, prácticas, que hacen del joven de las clases populares un enemigo interno. El discurso sobre “la inseguridad”, promovido por sectores políticos, sociales y empresarios con los medios de comunicación como voceros, está presente en todos nuestros países alimentando miedos sociales que legitiman la marginación y naturalizan la muerte de los jóvenes.

Las iniciativas que buscan la baja a la edad de imputabilidad en distintos países del MERCOSUR van en ese sentido y configuran para nosotros/as batallas tangibles por los derechos de los y las jóvenes. Celebramos la victoria del “no a la baja” en el plebiscito del 2014 en Uruguay  y rechazamos el intento de retroceder en los derechos de los/as jóvenes de Brasil con el “proyecto de enmienda constitucional”.

En todos nuestros países existen mecanismos de violencia institucional muy arraigados y legitimados socialmente que siguen costando vidas de adolescentes y jóvenes. Incluso conviviendo con el reconocimiento de derechos y la implementación de políticas inclusivas por parte de los Estados.

El narcotráfico es una realidad que forma parte de este entramado complejo. Se manifiesta a nivel local y se teje regionalmente. Convierte a los/as jóvenes en víctimas, tiene como consecuencia la deshumanización y pone en riesgo el tejido social.

Las distancia entre los mayores grados de protagonismo juvenil y los preocupantes mecanismos de violencia y desigualdad plantea grandes desafíos. En esa distancia es donde queremos trabajar y tener un rol activo.

  • Acompañando las políticas públicas que promueven la inclusión, pujando por la conquista de nuevos espacios y derechos, dando peleas contra la muerte, la injusticia y la represión cuando sea necesario. Sin quedarnos en la denuncia, apostando a la elaboración de propuestas junto con otros y otras.
  • Nos proponemos distintos planos de intervención: (1) el discurso social y las agendas de políticas públicas en lo local, nacional y regional, (2) la acción colectiva de los movimientos sociales juveniles, y (3) la acción territorial  cotidiana.

Históricamente la pregunta por los/as jóvenes en las sociedades latinoamericanas está asociada a la necesidad de pensar sociedades más igualitarias. Una sociedad que no se puede hacer cargo de las nuevas generaciones es una sociedad en crisis. Las tareas para corregir las desigualdades nos corresponden a todas y todos.

 

3.- El sentido político emancipador de  los derechos de acceso a la tierra, al agua y a una alimentación de calidad para nuestros pueblos

El modelo “Agroexportador” hoy dominante en la región, se basa en el monocultivo, la sobreexplotación de la tierra y la destrucción de la agricultura campesina y familiar,   expropiando los territorios de los pueblos originarios. En el marco del  modelo neoliberal mercantiliza los bienes naturales, el conocimiento e incluso la vida,  impactando por igual tanto en el campo como en la ciudad.

En este contexto, sostenemos que los cambios emancipatorios son aquellos que se producen cuando los movimientos sociales y el pueblo organizado generamos, reclamamos,  gestionamos, nos articulamos  con otros actores para la construcción de propuestas  que respondan a nuestras  necesidades y planteos de un modelo económico productivo que nos incluya, respetando nuestra cultura y el medio ambiente donde vivimos.  

En los últimos años hemos avanzado en el fortalecimiento de la articulación entre organizaciones del sector, por eso hoy,  enfrentamos el desafío  de que nuestras  propuestas sean asumidas por la sociedad en su conjunto, incidiendo en la elaboración y desarrollo de las políticas públicas.

En este sentido, creemos necesario:

  • Construir colectivamente  una agenda compartida,  que permita articular  acciones tanto en los niveles locales, nacionales como en los espacios comunes de la región del MERCOSUR.
  • Pensar e implementar diferentes estrategias para incidir a nivel de las legislaciones, y de políticas publicas que impacten sobre el tema
  • Abordar fuertemente la disputa  en el campo cultural- simbólico donde la educación asume un papel preponderante.
  • Sumar a otros actores de la sociedad como son los  Institutos de Investigación y Universidades que aporten datos de diagnóstico para la construcción de un discurso científico que acompañe a nuestras propuestas.
  • Complejizar la mirada sobre el derecho al acceso a la alimentación, incorporando a nuestro discurso la necesidad de que además  sean saludables y de calidad; lo que supone además, el rechazo a los alimentos transgénicos y   plantear la importancia de cuidar la biodiversidad de los sistemas agrícolas campesinos.
  • Incentivar la utilización y comercialización de productos fitosanitarios adaptados a la producción orgánica y agroecológica; desterrando el uso de agrotóxicos especialmente los que ya fueron prohibidos en otros países.
  • Revalorizar y promover la producción, la conservación y la utilización de semillas criollas y del material genético pecuario criollo y autóctono.
  • Disputar el sentido político emancipador que adquieren  los derechos de acceso a la tierra, al agua como bienes públicos y que como tales no pueden ser reducidos desde un criterio mercantilista o ser contaminados mediante el uso indiscriminado de agrotóxicos.

4.- La Economía Social y Solidaria como aporte a la construcción de sistemas democráticos inclusivos.

La economía social y solidaria, supone proyectos, iniciativas y procesos que contemplan acciones financieras, consumo, comercialización, producción y servicios, pero también otros aspectos, como la participación colectiva, autogestión , democracia, igualdad, cooperación, auto sustentabilidad, promoción del desarrollo humano, responsabilidad social y la preservación del equilibrio del ecosistema.

En la última década se han producido avances en términos del reconocimiento del sector por parte de los gobiernos de la región, a través de políticas públicas de apoyo.  Políticas alcanzadas por las apuestas y movilización de las organizaciones y movimientos vinculados a la economía social y solidaria así como los cambios en la orientación política de los gobiernos.

Pese a los avances logrados, resta todavía cambiar la visión más instrumental de la economía social y solidaria de ser una respuesta a los problemas de la emergencia social y entenderla cómo un sistema económico diferente y alternativo al hegemónico. El desarrollo de diferentes formas de economía social y solidaria serán un pilar básico para las transformaciones cualitativas necesarias para un proceso emancipatorio constructor de sistemas democráticos más inclusivos.

Para ello es necesario:

  • Fortalecer a la sociedad civil organizada para poder construir incidencia en la agenda pública y en las discusiones políticas,  pensando en procesos a largo plazo de la economía social y solidaria
  • Trabajar los problemas logísticos, de gestión, capacidades y recursos que algunos marcos regulatorios ya están planteando. Los marcos legales son puntos de partida que deben ser acompañados por otras políticas. Un ejemplo de ello son las normas que guardan una cuota de compras públicas. Esto se debe abordar de manera más integral articulando otras políticas ya creadas o a elaborar.
  • Articular las diferentes formas de economía social y solidaria para ganar capacidad económica y  de incidencia.
  • Generar procesos de autonomía de las organizaciones y movimientos de la economía social y solidaria donde las políticas impulsadas por el Estado promuevan su desarrollo sin generar dependencia de las mismas.

Por todo esto, las organizaciones que constituimos  el Programa MERCOSUR Social y Solidario tenemos la posibilidad de poner en juego los aprendizajes que vienen de la larga tradición de la Educación Popular latinoamericana.  Hemos aprendido que es posible abordar colectivamente las situaciones límite y al mismo tiempo poder ver más allá, desarrollando propuestas en donde lo educativo no tiene que ver solo con la contención sino con generar las condiciones para sostener proyectos de vida y de sociedades más justas e igualitarias.
Rosario, 3 y 4 de julio de 2015

 

Organizaciones firmantes:

Argentina: Alero La Juntada” Centro de día Publico de la Provincia de Santa Fe; Acción Educativa Santa Fe (AE); Asociación Campo Flores; Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA);  Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC); CANOA Hábitad Popular;  Centro Nueva Tierra; Desvío a la Raíz;  Corriente  Política y Social  La Colectiva; CTA autónoma – Rosario; El Grito de Alcorta; Instituto de Estudios Jurídicos-Sociales de la Mujer (INDESO-Mujer); Instituto de Cultura Popular (INCUPO); Multisectorial de mujeres de Rosario; “Programa de Economía Social” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral; Radio Comunitaria Voces de la Costa; La Veleta y la Antena.

Brasil: Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR); Centro de Ação Comunitária (CEDAC); Centro Ação Cultural (CENTRAC); Centro do Apoio ao Pequeno Agricultor.

Chile: ECO Educación y Comunicaciones; Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (SEDEJ).

Francia: Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.

Paraguay: Asociación Oñondivepa; Centro de Documentación y Estudios (CDE); Coordinadora de Organizaciones Sociales de Repatriación (COSOR); Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI); Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU); Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana; Organización de Lucha por la Tierra (OLT);   Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa (SEPA).

Uruguay: Centro Cooperativista Uruguayo (CCU); Centro de Participación Popular (CPP).

Adhieren: CEAAL  movimiento de educadores y educadoras populares de América Latina y el Caribe; Oscar Jara Holliday; ONG Casa Azul, Santiago de Chile.