El Centro Nueva Tierra, junto con otras 21 instituciones (organizaciones sociales, sindicatos, universidades nacionales) presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y demanda su plena implementación.

El documento fue presentado el 9 de junio en calidad de amicus curie en el marco de un proceso judicial que se inició a fines de 2009, impulsado por el diputado nacional Enrique Thomas. En este proceso, la jueza federal Olga Pura de Arrabal y luego la Cámara Federal de Mendoza hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado y suspendieron la aplicación de la ley. A partir de la apelación del Estado Nacional, el caso fue admitido por la Corte el pasado 19 de mayo. El 2 de junio, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que debía revocarse la medida cautelar.

La figura de amicus curiae –“amigos del tribunal”– permite a terceros participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio. El texto elaborado denuncia la afectación de derechos que se genera a partir de la suspensión de la nueva ley. Las universidades nacionales, las cooperativas, los trabajadores de la comunicación, los actores, los músicos independientes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, son algunos de esos grupos que ven restringido su derecho al trabajo, a la libertad expresión y al acceso y la participación en el debate público a través de los medios a partir de la suspensión de la ley.

Los firmantes cuestionaron la capacidad de Thomas de adjudicarse la representación de todos los “consumidores de medios audiovisuales” del país, sin justificar de ningún modo esa aseveración y dejando de lado a los grupos mencionados, a los cuales, no sólo no representa, sino que además les produce un daño concreto con su acción judicial.

El escrito afirma que “en el proceso de discusión y aprobación de la ley 26.522, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, existió un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas, los distintos proyectos de ley, los dictámenes de mayorías y minorías, entre otras” y recuerda que el texto discutido en el Congreso sumó un inédito proceso de consulta pública que incluyó la realización de 24 foros en distintas ciudades del país y permitió la incorporación de más de 200 aportes al texto original.

Esta presentación impulsada desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD) se suma a la estrategia más amplia de defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la que se enmarcó la gran movilización federal del 15 de abril (http://www.nuevatierra.org.ar/seccion.php?seccion=Noticias&pagina=2&articulo=110) y la presentación de otro amicus curiae a la Cámara Federal de Salta en defensa del talante democrático y consitucional de la nueva ley (http://www.nuevatierra.org.ar/seccion.php?seccion=Materiales&pagina=1&articulo=108) .

Desde su conformación en el año 2004, la CDR se reúne en la sede del Centro Nueva Tierra, que ha brindado sus instalaciones para diversas actividades en torno a la defensa de la democratización de la palabra.