Nacimos hace siete años, el 27 de agosto de 2004, con una proclama de 21 Puntos orientados a democratizar la comunicación como un derecho humano fundamental y como instrumento imprescindible para consolidar y fortalecer la democracia con inclusión social.

   Hace dos años, el 27 de agosto de 2009, acompañamos con una gigantesca movilización desde la Casa Rosada el envío de un proyecto de ley al Congreso con la firma de  la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que expresaba esas demandas y aspiraciones de casi 300 organizaciones sociales, de trabajadores, de derechos humanos, del sector cooperativo, de las Universidades, de los pueblos originarios, de sectores religiosos y de distintas expresiones populares de todo el país.

   Estas dos fechas simbolizan para todas las organizaciones y personalidades de la Coalición por una Radiodifusión Democrática referencias históricas de una lucha que no ha terminado. Los altos objetivos del acceso democrático y federal a la comunicación así como la efectiva desconcentración de los grupos monopólicos que habían secuestrado la libertad de expresión y la palabra constituyen la utopía hacia donde deben conducirnos aquel programa de 21 Puntos y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumentos de acción y de gestión.

Tales conquistas no hubieran sido posibles sin la convicción, la decisión y el compromiso de la Presidencia de la Nación, que no solo impulsó esas banderas, sino que instó a una metodología participativa y federal para que tales objetivos fueran compartidos por millones de compatriotas.

La resistencia de los grupos corporativos, aferrados al privilegio de su connivencia con el pasado de la dictadura y de los tiempos del neoliberalismo y las privatizaciones, ha venido poniendo palos en la rueda. Han tratado de impedir la plena vigencia y aplicación de los postulados de la ley de la democracia, en muchos casos con la anuencia de importantes personeros del Poder Judicial, atentos a la demanda del poder económico y mediático. Por eso, desde las plazas de todo el país, la Plaza de Mayo, del Congreso a Tribunales, las más de 300 organizaciones que integran este espacio multisectorial y plural nos movilizamos el 15 de abril y el 28 de setiembre de 2010 para exigir que la Justicia “Libere la palabra” y permita la pluralidad de voces, la democratización de la Comunicación Audiovisual y posibilite que el derecho humano a la comunicación sea un derecho de práctica efectiva.

Si hace falta, la Coalición por una Radiodifusión Democrática volverá a las calles para defender esas conquistas de la democracia.

También expresamos en este tiempo de elecciones presidenciales, en que se debate el modelo de país y de sociedad en que queremos vivir, que nos mantendremos unidos, con el espíritu participativo y la búsqueda de consensos que ha caracterizado a la Coalición, para asegurar la plena vigencia, continuidad y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para garantizar una comunicación democrática al servicio del pueblo. Mucho más aún cuando algunos portavoces políticos del poder económico o mediático han confesado su aspiración de hacer retroceder este avance en un intento por regresar al pasado corporativo.

Es mucho lo que conseguimos pero es mucho lo que tenemos por hacer. Esta Coalición se formó por una Radiodifusión democrática y no sólo por una nueva ley. Por eso continuaremos trabajando juntos por su plena vigencia e implementación. Entendemos que es necesario acelerar y profundizar la aplicación de la Ley.  Para fortalecer la democracia consideramos indispensable seguir construyendo  un nuevo modelo comunicacional con pluralidad y diversidad implementando  políticas públicas coherentes con el espíritu y la letra de la Ley 26.522. Lo vamos a conseguir juntos, trabajando desde la gestión pública, desde los trabajadores, desde  las organizaciones sociales o comunitarias, las universidades, las pequeñas y medianas empresas y los  pueblos originarios, para que la comunicación sea efectivamente un instrumento del progreso social, el bienestar, la inclusión y la libertad.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2011.-