CAREF participó de la 5ta Audiencia Informal “Migración, lo que realmente está pasando: lecciones desde el campo”, en el seno de las Naciones Unidas, el 21 de mayo, en Nueva York. Gabriela Liguori, Coordinadora general de la institución, dialogó con representantes de Gobiernos y la sociedad civil, sobre los aprendizajes y desafíos en materia de política migratoria que atraviesa la Argentina. Replicamos la intervención completa.

Señor presidente, representantes de gobiernos, colegas de la sociedad civil:

Quisiera compartir algunos aspectos de la experiencia argentina, relevantes para la discusión que nos convoca hoy. Mis argumentos se nutren en la experiencia de CAREF y en los relatos de las personas que diariamente concurren a la institución.

Hagamos un poco de historia. Hace más de cien años que Argentina es el principal país de destino de migrantes de América del Sur. Siempre recibió migrantes regionales. Hasta 1950 aproximadamente, también recibió migrantes europeos.

Este gráfico nos muestra la proporción de la población extranjera sobre la población total a lo largo de un siglo. Vemos que en la actualidad, la mayor parte de la migración activa proviene de América Latina. Es histórica y constante. Son casi 2 millones de personas y conforman el 3,5% de la población total.

Argentina además tuvo tres leyes migratorias muy distintas: la primera en 1876 (promotora de la migración europea), la segunda en 1981 (muy restrictiva para la población latinoamericana) y la tercera en 2004 (con perspectiva regional y de derechos humanos). Si relacionamos los flujos migratorios con las leyes, confirmamos que las normas por sí mismas tienen escaso poder para frenar o estimular los ingresos. Pero sí afectan de manera muy significativa, para bien o para mal, la vida de las personas migrantes.

Quisiera detenerme en la ley migratoria vigente desde 2004 (N° 25.871/2004). Esta ley definió a la migración como un derecho humano que el Estado debe garantizar y estableció un criterio de regularización novedoso: la nacionalidad. Todas las personas nacidas en países del Mercosur (incluida Venezuela) pueden solicitar la residencia temporaria por dos años y acceder a su documentación. Quienes la renuevan, además, obtienen una residencia permanente. Con esta ley, se otorgaron 1.400.000 residencias temporarias y 1.000.000 de personas obtuvo su residencia permanente.

Ahora quisiera profundizar sobre el impacto de la ley del 2004 en la vida concreta de las personas migrantes, teniendo en cuenta al menos tres ejes: el empleo, la salud y la educación.

En relación al empleo, vale decir que la documentación que se otorga con la regularización, autoriza a las personas migrantes a trabajar. Ahora bien, ¿qué impacto tuvo sobre la economía esta enorme cantidad de regularizaciones? Como muestra el gráfico, no aumentó la desocupación, ni entre migrantes ni entre nacionales.

Disminuyó el empleo no registrado, tanto para argentinos como para inmigrantes.

Por otro lado, la ley estableció el acceso igualitario a derechos sociales tales como salud, educación y asistencia social para todos los migrantes, en situación regular o irregular. Y esto mejoró la vida de muchas personas.

En términos de acceso a la educación, quisiera contarles una situación muy común que afectaba a los niños antes de esta ley. La falta de regularización les impedía inscribirse en la escuela básica y obligatoria. Cuando lo lograban -mediante la colaboración de organizaciones de la sociedad civil-, no se les entregaba el certificado de finalización de estudios primarios y no podían continuar su educación. Luego del año 2004, todos los niños y niñas son inscriptos más allá de su condición migratoria y acceden a la educación en igualdad de oportunidades. Así es que hoy en día encontramos en todos los niveles educativos, incluido el universitario, estudiantes migrantes con residencia de larga data en el país, que antes no lograban acceder.

Estas transformaciones, sin dudas, generan mejores oportunidades para las familias migrantes, los y las incluye socialmente e impulsa el cumplimiento de la Agenda 2030 entre otros compromisos internacionales.

La atención de la salud de la población migrante, regular e irregular, fue beneficiosa no solo para ellos sino también para toda la comunidad. Por ejemplo: una persona migrante irregular que padece cualquier enfermedad -gripe, sarampión, hepatitis, tuberculosis, VIH- recibirá tratamiento en un centro de salud previniendo problemas mayores y sin riesgo de ser denunciada ante las autoridades migratorias.

Cabe señalar que aún hoy quienes provienen de países que no integran el Mercosur tienen serias dificultades para regularizar su situación migratoria. A pesar de ello, pueden acceder a derechos sociales. Sin embargo, la violencia institucional y las dificultades para obtener empleo formal los afectan particularmente.

¿Qué hemos aprendido en estos años?

– Dificultar la regularidad migratoria afecta negativamente a migrantes y a la sociedad en su conjunto, agravando problemas tales como la exclusión social, la explotación e incluso facilitando la trata y tráfico de personas, dos fenómenos complejos pero vinculados a las dificultades para migrar regularmente.

– Las políticas que favorecen la regularización no generan por sí mismas aumento del desempleo, disminución de los salarios, ni competencias desleales entre nacionales y migrantes. Esto depende de contextos más amplios.
– La regularización amplia y accesible facilita a los y las migrantes la salida de los circuitos informales a los que se ven obligados a recurrir para resolver temas de vivienda, préstamos, remesas o documentación. Esto beneficia a migrantes pero también al Estado, al sector privado y al sistema financiero formal.

– Cuando los requisitos son razonables y accesibles los y las migrantes se regularizan

– La regularización amplia facilita a los Estados la gestión de los mecanismos de control y seguridad.

– Quienes pueden regularizarse están menos expuestos a la trata de personas y otras violaciones de derechos.

El único actor que tiene el poder para impulsar estas sinergias es el Estado, a través de sus políticas públicas y legislación. Regularizar e igualar es el único camino cierto a una sociedad más justa y menos violenta. A una sociedad mejor para todas las personas, ya sean nacionales o migrantes.

Gabriela Luguori
Coordinadora general de CAREF

 

 

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